Hace veinticinco años, en 1975, estábamos muy cerca del final de la dictadura franquista. En la reciente historia escolar de nuestro país es importe tomar como referencia al franquismo porque este representó desde sus inicios, por un lado, al destrucción de todas las interesantes experiencias pedagógicas que habían tenido lugar hasta entonces y, por otro, un intento sistemático de impedir que pudiera rehacerse con dignidad la educación pública, a la que incluso se le negó ese nombre.

La degradación del sistema educativo, sobre todo en sus niveles primarios, había llegado a tal punto que a finales de los años sesenta se hizo ya imperioso imprimirle un giro significativo que cambiara la imagen deplorable que se proyectaba hacia una Europa a la que se reivindicaba  la incorporación. Nació así la Ley General de Educación (LGE) que, a pesar de su elitismo tecnocrático, fue saludada con esperanza, aunque en el año 1975 este optimismo se había extinguido por completo.

De todos modos el profesorado había sufrido una importante renovación y durante un decenio más pudimos presumir, aunque entonces no lo supiéramos, de tener probablemente una de las mejores enseñanzas primarias y secundarias de Europa. El precio fue tratar injustamente a muchos alumnos a los que forzaba encaminarse a una Formación Profesional que nunca se cuidó como debiera. Pedo durante esos años, entre el 75 y el 85 aproximadamente, la ciudadanía encontraba en la política un asunto más importante del que ocuparse.

El primer gobierno socialista trajo consigo la aprobación de una ley muy importante, quizá la más progresista que se aprobaba en este país desde antes de la guerra civil. Se trataba de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) que, a pese a la oposición de algunos sectores conservadores y eclesiales introducía la democratización escolar por una doble vía: participación social y vida interna de los centros. Esto suponía, finalmente, la refundación de la dimensión público-política de la educación.

En torno a esos años comenzó también la experimentación de una reforma educativa que culminaría en la aprobación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en el año 1990. Su principal logro es haber prolongado el periodo educativo básico de toda la población elevándolo hasta los dieciséis años y acabando con la injusticia de una segregación temprana. Pero acompañando a la implantación progresiva de esta ley se han planteado nuevos problemas que, en cierto modo, representan el giro conservador de nuestra sociedad y gobierno, lo que ya se puso de manifiesto en el año 95 con la aprobación de la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Escolares.

En definitiva, si la escuela ha cambiado mucho durante estos últimos veinticinco años, parece que todavía podemos presenciar nuevas transformaciones. De nosotros depende que vayan en la dirección de lo que constituye el verdadero desafio en el presente: asumir la equidad como criterio básico para corregir el agresivo mercantilismo que hace a nuestra sociedad cada vez más injusta con los desfavorecidos por la economía, la cultura o la inteligencia.

*Profesor de la Universidad de Valencia.

Extracto de la conferencia pronunciada con motivo del 25 aniversario del colegio Jacinto Castañeda