El director de un medio de comunicación de Xàtiva me reprochaba el que desde esta revista se diese cobertura publicitaria a otro medio de comunicación, al que él calificaba como de «ilegal», aunque después de unos minutos de conversación telefónica, acordásemos mutuamente calificarlo de «alegal», como una forma más sensata.

Mi interlocutor aseguraba que ese medio no tenía ninguna licencia administrativa, no había pasado los filtros necesarios para ser autorizado, y consecuentemente había sido denunciado por emitir de forma irregular y ser competencia desleal de los que poseen todos los permisos habidos y por haber, en un país, por cierto, llenos de papeles y burocracias. Las denuncias, sin embargo, no habían conseguido el cierre de ese medio, supongo que por el vacío legal que existe en los términos de la libertad de expresión. Bien pues, algo es algo. Pensé.

Sus reproches, llenos de una carga moral que me sorprendieron ingratamente, finalizaban asegurándome que su medio, al que también se le da cobertura publicitaria en esta revista -por aquello del intercambio entre colegas-, no podía compartir páginas con el «alegal», por orden de su empresa por lo que sintiéndolo mucho debía retirarlo de mis páginas si seguía dando cancha al otro. O sea, o conmigo o contra mí. Y eso sí queme dolió.

Un servidor es especialmente sensible a los términos ilegales, o por seguir con el acuerdo establecido, con los alegales. Se llama alegal a aquello que se consiente pero que no posee los requisitos que se establecen para ser legales. Los inmigrante ilegales no tienen derecho ni al agua, pero si se les firma una orden de residencia pasan a ser ciudadanos, no de primera, pero al menos de segunda.

Y como no se trata de hacer demagogias del término, nos referiremos al mundo de la comunicación, donde los intereses creados han provocado que las legalidades hayan sido en ocasiones tremendamente ilegales con el visto bueno de una administración que ha consentido los abusos de poder de los grandes medios, empeñados en comerse a la pequeña competencia para no tener ningún tipo de rival.

Ello que provocado que apenas tres o cuatro grandes grupos dominen las líneas editoriales de este país, con todo lo que ello supone de cortapisas para la libertad de expresión e información. El ejemplo de Italia también es muy ilustrativo, cuando Berlusconi, un empresario ajeno al mundo de la comunicación se convirtió de la noche a la mañana en el gran dominador de la información al absorber a los pequeños medios que no pudiesen defenderse del feroz ataque.

En este país ha ocurrido tres cuartos de lo mismo, con acciones de opas hostiles que no debían haberse consentido nunca, y que sirvieron para que en estos momentos sean apenas dos o tres grupos de comunicación los que posean centenares de cabeceras de revistas, periódicos, radios y televisiones, y cuyos movimientos en un pasado reciente no sólo rozaron la ilegalidad, sino que la traspasaron de forma flagante.

Los tribunales acaban de sentenciar que la absorción de las cadenas de Antena-3 radio por parte del grupo Prisa, para convertirlas en emisoras de la Ser fue una acción ilegal. ¿Que ocurre ahora? ¿Se le devolverán las emisoras a Antena-3 ?. ¿Puede un movimiento editorial de ese tipo quedar de rositas?. Y que conste que repito lo de acción ilegal, y ello por no entrar en detalles de la posición de los tribunales en este tipo de operaciones nada claras y sí muy oscuras.

En estos momentos existen centenares de televisiones locales emitiendo de forma «alegal» por existir un vacío administrativo motivado por el miedo a desarrollar de una vez por todas la ley de televisión. El partido socialista tenía verdadero terror a estas televisiones, y los populares tienen en el cajón una ley que no se atreven a presentar en primer lugar por que su formato no es válido para todo el territorio español, y en segundo lugar porque obligará a legalizar a las que ya están emitiendo desde hace años.

Y mientras tanto se han venido dando concesiones de radio de forma legal, pero con decisiones ilegales. Ha sido más de lo mismo, y se han llevado el gato al agua los «amigos de sus amigos» que han visto incrementado su poder con nuevas emisoras para engrandecer su ya dilatado panorama empresarial. ¿Cuantas emisoras independientes existen en este país que no pertenezcan a las grandes cadenas? ¿Que ocurrió con Radio Activa de Ontinyent a la que devoraron sus grandes competidoras?. Podríamos poner centenares de ejemplos que aburrirían al personal.

Por ello el término «ilegal», o «alegal» cuando se consiente, tiene una doble vertiente que puede convertirse en muy peligrosa si se utiliza de forma tan ligera y sin entrar en el fondo de la cuestión. Cualquier ciudadano puede abrir mañana un periódico con un simple NIF y el pago de un IAE, pero sin embargo no se puede emitir por una cadena de televisión o una radio que no tenga una concesión un una frecuencia o un dial concedido administrativamente; y para concederlo deberán tener una serie de características concretas a las que seguramente no podrán hacer frente, con lo que estaremos al principio de la historia. O sea, accederán los mismos.

Bajo este panorama tan desalentador sólo queda la reflexión de que mi libertad termina donde comienza la del otro. Por ello el derecho de estos medios de comunicación «alegales» es totalmente reivindicable, como en su día reivindicamos la existencia de «Radio Socarrada», como una alternativa al poder convencional.

La coexistencia de medios no sólo enriquece el panorama informativo, sino que establece una sana competencia por una audiencia que es libre de elegir aquello que más le guste, y no se detiene a pensar en legalidades o ilegalidades cuando escucha la canción dedicada de Joaquín Sabina; la crónica de ocho minutos hablando de «Gran Hermano», o la publicidad de Lámparas Rafael Tormo.

Y mi interlocutor me recordaba mi pertenencia a la Unió de Periodistes Valencians como si ello hubiese de suponer un nuevo rumbo en mis conceptos de sensibilidad. Justamente todo lo contrario: la Unió es de los que defienden la legalización de todos los medios que emiten; la profesionalización de todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación, incluso los corresponsales de los pueblos más escondidos, y sobre todo el derecho a la libertad de expresión por encima de cuestiones vanales y administrativas.

Lo siento querido director, pero desde estas páginas seguiré dando cobertura publicitaria al medio que tu consideras «alegal». Y lo seguiré haciendo porque estoy convencido de que es la postura más coherente si realmente estamos convencidos de la pluralidad informativa olvidando el burocrático papel que legalice lo que el oyente tiene legalizado desde hace mucho tiempo. Quizás tendríamos que abrir otro debate que nos enriqueciese mucho más, como el de la calidad informativa, si es que eso nos puede interesar en algún momento.

Y créeme que me duele hacer caso de tu decisión de «no querer estar donde está el otro», porque pensaba que todos estábamos en el mismo sitio, pero vistas las cosas ya has visto cual ha sido mi opción.

Será por aquello de la sensibilidad que siempre queda dentro por mucho que pasen los años.