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Después
de finalizadas las vacaciones estivales y tras el trasiego
consumista del verano, es un buen momento para reflexionar sobre
nuestra responsabilidad en la situación del Sáhara, coincidiendo
con la estancia de unos cuarenta niños saharauis en la comarca de
la Costera y un total de setecientos en la Comunidad Valenciana. La
impresión, llegados a este punto, es que nos ofrecen escasos
motivos para creer que hemos progresado en aquellos aspectos que se
refieren a los valores humanos. Más bien avanzados en sentido
contrario.
Ya
no sólo se trata de los grandes desastres acaecidos a lo largo de
este siglo. Aún seguimos conviviendo con el genocidio, las
masacres, los desaparecidos, las purgas, la política de tierra
arrasada, la intolerancia...
En
definitiva somos conscientes de muchísimos ejemplos, y sólo basta
con hacer un repaso de los conflictos que hoy persisten en el mundo
para dilucidar que todos ellos se encuentran «atascados» y se han
convertido en conflictos duraderos, ya que la solución que se
pretende hallar tiene otras prioridades antes que los derechos
humanos.
En
la Comunidad Valenciana hemos asistido este verano al fenómeno de
la acogida de muchos niños saharauis. Se trata de jovenes
deslumbrados por el sueño del bienestar y opulencia de que gozamos
los europeos. Sin apenas recursos económicos y sin el paraguas de
una familia, su destino acostumbra a ser la penuria junto a la
desprotección legal y social. Sufren, como muchos niños del
continente africano, graves problemas de desnutrición, con
dolencias en la vista y otras enfermedades, algunas de ellas
irreversibles. Un conflicto, el del Sáhara, que como la mayoría de
las guerras tienen como víctimas a los civiles, y especialmente a
los niños, los ancianos y las mujeres, como principal objetivo y
fundamento de la estrategia política y militar que desde hace 25 años
lleva a cabo el gobierno marroquí contra el pueblo saharaui con
total impunidad.
Es
por ello por lo que l´Associació d´Amics del Poble Saharaui
y otras ONG´S han dispuesto ayudas y centros de acogidas con
familias dispuestas a dar protección y amparo durante unos meses a
estos jóvenes.
La
problemática, no obstante, surge frente a la tardanza de reacción
de las instituciones políticas españolas y su pasividad frente al
conflicto que no nos es ajeno.
La
hambruna, la sequía, la escasez de agua y alimentos básicos son el
fiel reflejo de una situación extensible a todo el territorio
africano y que acostumbra a aparecer diariamente en nuestros medios
de comunicación.
Sin
embargo el Sáhara es una tierra rica y fértil que, a diferencia de
otros paises africanos, posee importantes minas de fósfatos y
caladeros de pesca, que, atrapados por los avatares de la historia y
ahora hostigados por Marruecos, convierten al pueblo saharaui en un
pueblo tremendamente pobre y traumatizado por una violencia que no
conoce tregua desde hace varias generaciones, cuando debería ser
todo lo contrario. Esta situación hace que el «crecimiento y la
riqueza» no vaya acompañado del progreso, la justicia y la
solidaridad. Ocurre justamente lo contrario. De todos los pactos y
derechos, el de Derechos Civiles y Políticos es de los más
importantes, puesto que añade la libre determinación de los
pueblos, los derechos de los niños y las minorías. Derechos y
pactos que en el caso del Sáhara son constantemente vulnerados por
Marruecos, más concretamente por los monarcas alauitas que se
enriquecen a costa de su pueblo y el de los saharauis.
Pero
otro de los problemas que nos atañe directamente sería el de la
actuación ante las violaciones por inacción del Estado, o sea,
cuando el Estado no es el infractor directo pero mantiene una
actitud indiferente y pasiva ante la acción de otros. Es aquí
donde la actuación española y europea no sale bien parada, puesto
que mantiene una actitud indiferente y pasiva frente al conflicto.
Es
momento pues, de reflexionar y tomar las medidas pertinentes para
llevar a cabo el referéndum de autodeterminación auspiciado por la
ONU tras los acuerdos firmados por el Frente Polisario y Marruecos
en 1991.
De
este forma el estado español debería asumir el papel de garante y
de mediador en el conflicto -como lo fue Portugal en el caso de
Timor- y dinamizar el proceso de autodeterminación. Un problema que
nos atañe conscientemente, puesto que no hay que olvidar que el Sáhara
fue provincia española hasta 1975.
Así
pues, más de cincuenta años después de la declaración universal
de los Derechos Humanos, debe seguir siendo la única forma decente
de que los humanos vivan en paz y no se vulneren los derechos
fundamentales.
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