Muchas cosas han cambiado durante el pasado mes de enero en España, un tiempo en el que al Gobierno se le ha complicado la vida de forma extraordinaria y en el que sus relaciones con el primer partido de la oposición, que acababan de vivir una luna de miel culminada en el Pacto Antiterrorista, han comenzado a deteriorarse. El Gobierno había prolongado quizás excesivamente sus vacaciones navideñas y la mala suerte quiso que los primeros grandes disgustos les sorprendieran desaparecidos. Es lo que les sucedió con el estallido de la crisis de las ‘vacas locas’ y con el gravísimo accidente de Lorca. Aquello les cogió con el pie cambiado y los españoles tuvieron la sensación de desamparo al no encontrar respuesta a la famosa pregunta de «¿dónde está el Gobierno?».

Las miradas se dirigían especialmente a la ministra de Sanidad y a los titulares de Agricultura y de Medio Ambiente. Sobre este último, la gente se lo sigue preguntando todavía. La gran crisis política del enero negro del Gobierno ha podido manifestarse en su entera dimensión porque ETA, pese a intentarlo, no conseguía causar ninguna víctima mortal, hasta que ya en los últimos días consiguió asesinar a Ramón Díaz, el cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián. Durante varias semanas la vida nacional no se había paralizado por el terrorismo y eso se notaba en la intensidad con que se vivían los grandes sucesos sociales y políticos que iban jalonando este tiempo de crisis. La maldición de las «vacas locas» nos iba sobrecogiendo más a medida que se hacían públicos los nuevos casos de reses afectadas y se comprobaba que el Gobierno carecía de respuestas razonables y eficaces. Se creó un comité de crisis que no servía para gran cosa. La gravedad de la situación se puso de manifiesto con la petición socialista de que dimitieran Celia Villalobos y Arias Cañete, gesto que produjo estupefacción, debido al conocido estilo de Rodríguez Zapatero de oposición tranquila y consensuadora.

El accidente que costó la vida a doce inmigrantes ecuatorianos, cuando todavía estábamos en el ciclo festivo navideño, fue una conmoción de largo alcance que puso descarnadamente sobre la mesa la intolerable situación de tantos trabajadores extranjeros que esperan su legalización, así como los abusos de que son víctimas y las contradicciones entre una Ley de Extranjería que los persigue y unas necesidades de mano de obra que no se satisfacen. También aquí la política del Gobierno ha sido extremadamente errática. Más que en el asunto del Tireless, que ha ido envenenando cada vez más la paciencia de los habitantes del Campo de Gibraltar, o que en la titubeante administración del «síndrome de los Balcanes», en el que nos hemos quedado sin saber si el Gobierno conocía o no el uso del uranio empobrecido en las acciones bélicas en aquella región. Este inmisericorde bombardeo de grandes problemas sociales convertía al Gobierno en un saco de nervios y de desconcierto. Sólo faltaba la batería de enormes errores políticos que vendrían inmediatamente. La incompresible y gratuita concesión de la Cruz del mérito a Melitón Manzanas, uno de los grandes torturadores y perseguidores de demócratas del franquismo.

Era el aperitivo de los dos que faltaban por llegar. Uno: la decisión del Gobierno de recurrir contra la sentencia de la Audiencia nacional que acababa de anular la congelación salarial de los funcionarios de 1997 y años siguientes y su rechazo a negociar con los sindicatos el pago de los atrasos.

Dos: la decisión de plantear conflicto de competencias contra el Tribunal Supremo, que había dictaminado que en el indulto a Gómez de Liaño no era legal incluir su regreso a la carrera judicial.

Nunca se conoció en la democracia un grado tal de enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial, lo que es legal pero políticamente muy peligroso. Las tempestades políticas y mediáticas desatadas por ambas cuestiones están ahí, dominando el panorama, junto a las secuencias del resto de los problemas que acabo de analizar.