Es de suponer y de hecho debe ser así, que los señores componentes de las altas instituciones de la justicia de nuestro país, salvo alguna rarísima excepción que confirma la regla, son personas dotadas de una honestidad y honradez intachables, sensatas en sus juicios y ecuánimes en sus veredictos.

    Dios me libre de criticar a sus señorías, de quienes la sociedad recibe toda clase de magistrales enseñanzas, amén de salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, hay que reconocer que los representantes de la Judicatura, vigías permanentes de que las Leyes se cumplan para castigo de los culpables y disuasión de los potenciales delincuentes, se hallan sujetos a una legislación en cierto modo endeble, que dudo que parte de sus dictámenes sean consecuentes con la pura lógica del sentido común.

    Recientemente el Tribunal Supremo rebajó 5 años la pena a un violador, porque estaba ebrio. De acuerdo en que el alcohol y determinadas drogas son venenos que alteran el comportamiento consciente del individuo, deforman y confunden sus facultades mentales, adentrándolo en un yo secundario por separación de su personalidad. Pero ¡córcholis! El subconsciente de los que infringen la ley, que no es otra cosa que una distracción de su estado consciente, siempre toma el mismo camino; contravenir y vulnerar el orden establecido. Ese estado de distracción no les lleva nunca a picar piedra en la carretear, hacerse miembros cooperantes de una ONG o a cargar sobre sus espaldas un saco de patatas.

    Y esta situación nos lleva a que los probables malhechores, viendo que si delinquen en estado de embriaguez la ley les va a ser más benévola, descubren que tienen el camino más expedito para cometer sus fechorías; bien tontos serían si encima de transgredir las normas de convivencia, no se fueran más «contentos» que menos a continuar con sus tropelías.