La nueva Ley de Ordenación Territorial, en caso de ser aprobada a principios de año, incidirá notablemente en Xàtiva, ya que obliga a los municipios con cascos históricos declarados, a invertir preferentemente la mitad de lo que obtengan por la venta de suelo público procedente de urbanizaciones. Esta medida afectaría al casco histórico de Xàtiva que vería toda una serie de inversiones a realizar.

Cada vez que se lleva a cabo una urbanización, los promotores están obligados a ceder una parte del suelo a los municipios, y si el Ayuntamiento decide vender este suelo, deberá invertir la mitad en el casco histórico, bien sea para comprar y rehabilitar edificios o bien para la adecuación de estas zonas históricas mediante la reparación o colocación de nuevos viales, así como de diferentes infraestructuras, incluyendo los servicios de agua, gas, alcantarillado, etc.
Pero la ley tiene múltiples coletilas que la hacen ser muy vulnerable. En estos momentos existe una demanda interpuesta por el partido socialista de Xàtiva contra el equipo de gobierno del PP por la venta de unos solares procedente de suelo público, cuyo dinero fue destinado a la construcción de tres fuentes y para pagar parte del gran teatro.
Desde el equipo de gobierno se asegura que la inversión del dinero público puede realizarse en cualquier partida siempre y cuando sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aspecto este que indica que igual puede invertirse en el casco histórico que en cualquier otra parte de la ciudad si necesita mejoras urgentes.
Por ello desde diferentes ayuntamientos se han llevado a cabo interpretaciones distintas de la ley, incluso los letrados no aciertan a ponerse de acuerdo a la hora de analizarla.
Por ello no es de extrañar que el nuevo borrador de la ley siga siendo confuso, ya que abre la posibilidad de que la mitad del dinero procedente de la venta de suelo público vaya a parar a lo que se denomina «zonas degradadas», es decir, otros espacios urbanos que no necesariamente tienen que estar en los cascos históricos, ya que tampoco explica si estas zonas degradadas es para aquellos municipios sin casco histórico declarado, por lo que se podría seguir invirtiendo en lugares ajenos.
También asegura la nueva ley que existe una tercera opción como es la de adquirir suelo sobre el que poder edificar viviendas de protección oficial.
El borrador de la nueva ley está en estos momentos en periodo de alegaciones y ha sido criticado por haberse tramitado en periodo estival, y sin consenso de todos los grupos políticos.