El peor irresponsable en asuntos públicos es el que presenta su falta de prudencia y de mesura como ejemplo de sensatez y de ponderación. En ese caso sólo caben dos hipótesis, a cual más temible: es un hipócrita que se cree su propia impostura o un mentecato satisfecho de su propia carencia de luces. Si a ello añade, como definitivo factor de riesgo social, la arrogante certidumbre de que la suya es la única actitud correcta y, por ende, considera cualquier forma de discrepancia como manifestación de vileza o de traición, podemos afirmar que nos hallamos ante una grave patología política.
Para desdicha de la democracia española, el presidente Aznar presenta todos los síntomas de este síndrome, en fase aguda, desde que alcanzó la mayoría absoluta parlamentaria.
El problema es que, cuando se está en la cima del poder político de la sociedad, una patología como la descrita deja de ser asunto privado del gobernante para convertirse en contagiosa enfermedad social. La ley que el Gobierno acaba de sacar adelante en el Parlamento, que castiga con pena de cárcel a quienes convoquen ilegalmente un referendo, es la prueba alarmante de que el síndrome de Aznar amenaza con llevarse a la tumba a la democracia española. Y, lo más triste, habituados a que el político de turno acuse a sus adversarios de antidemocráticos ante cualquier discrepancia, corremos el riesgo de que nadie se dé por enterado ahora que el lobo antidemocrático ha llegado de verdad.
A los 25 de años de la aprobación de la Constitución española, nuestro sistema político está en crisis. Como una pandemia propagada desde la presidencia de Estados Unidos, va extendiéndose un nuevo modelo político mundial que vacía de contenido al sistema democrático a la vez que se emborracha con la palabra libertad, devolviéndole una penosa actualidad a la célebre frase que madame Roland: «Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre». A ese nuevo modelo se ha apuntado Aznar, tanto en el plano internacional como en el de la política española. Y lo ha hecho en ambos casos con auténtico fanatismo.
Internacionalmente, el Gobierno de España viene mostrando unas ínfulas imperiales que, en la jerigonza al uso, se denominan «búsqueda de un lugar para España en el concierto de las naciones». En la práctica, esa búsqueda no ha sido otra cosa que la adopción de una actitud de servilismo ante la empresa guerrera de Bush. Los intereses de España se han sacrificado (deteriorando las buenas relaciones con el mundo árabe, convirtiendo a España en objetivo de otro terrorismo, el islámico, como si no bastara con el de ETA, enfrentándose a Francia y Alemania, marginando a la ONU, etcétera) en aras del protagonismo de Aznar en el nuevo orden imperial.
La política nacional del presidente no presenta mejores síntomas. De igual manera que al cobarde el miedo puede hacerle temerario (que es bien diferente de valiente), al político puede subírsele la mediocridad a la cabeza hasta hacerle creerse un salvador de la patria.
Evidentemente, hay peligros más que reales que amenazan a nuestras sociedades y el terrorismo es uno de los principales. Pero ni siquiera en la defensa de la democracia cabe una actitud fanática, porque el fanatismo termina destruyendo los ideales que dice defender. La democracia emanada de la Constitución de 1978 no puede defenderse a costa de vaciarla de contenido hasta convertirla en un mero cascarón retórico.
El estado de derecho se fundamenta en el sometimiento a la ley, pero exige como condición previa la existencia de leyes justas promulgadas a partir de un mínimo consenso social. Sin ese equilibrio, la ley pasa a convertirse en factor de dominación, no de concordia. Y sacar adelante una ley, con la oposición de toda la oposición, que permite encarcelar a presidentes autonómicos por sacar adelante iniciativas políticas, como es un referendo, introduce de hecho una lógica de represión en la controversia política, incompatible con un sistema democrático.
Porque un sistema tan acorazado jurídicamente que llegue a desdeñar la integración de la disidencia e incluso la asunción de la posibilidad de momentos de inestabilidad, acaba negándose a sí mismo.
Pero lo que quizá aclare mejor la verdadera índole del síndrome de Aznar es recordar que se trata del mismo hombre que no tuvo inconveniente en violar la Constitución, que tanto dice defender, al declarar ilegalmente la guerra a Irak en la célebre reunión de las Azores. Si nuestras leyes siguen sometidas al caprichoso arbitrio del poder de turno, la democracia española va a convertirse en un muerto viviente al que ni siquiera va a caber entonarle un réquiem.