Las crisis del abastecimiento eléctrico se suelen producir en España, desde hace algunos años, con ocasión de la llegada de los calores veraniegos. Son crisis con alta incidencia social, ya que se traducen en apagones que afectan a servicios de importancia vital para los ciudadanos, como los hospitales, centros de control diversos en el sistema de transportes o en la seguridad y, por supuesto, en la cada vez más dilatada red doméstica de acondicionadores de aire, especialmente densa en las zonas más saturadas por la presencia turística. Se produce una situación de tensión entre la oferta y la demanda que hace crisis por el lado de la primera.
Pero sería posiblemente un error tratar de atribuir el problema de las interrupciones en el suministro eléctrico a un problema estricto de insuficiente capacidad del sistema para proveer de la electricidad necesaria. En estas ocasiones no es tanto el modelo de producción de electricidad lo que se pone en evidencia sino la adecuada distribución de las inversiones de las compañías eléctricas. Los niveles de demanda eléctrica de estos días, que han alcanzado récords históricos, son perfectamente asumibles por la capacidad de generación del sistema eléctrico español, incluso teniendo en cuenta que en los últimos días se han producido algunas perturbaciones derivadas de la huelga eléctrica en Francia, de donde procede una parte de la electricidad que consumimos pero que viene a compensar la que exportamos a otros países, como Marruecos o incluso Portugal.
España tiene capacidad productora suficiente para atender la demanda más alta que se ha alcanzado en estos últimos días y la tiene con cierta holgura, entre u 15% y un 20% sobre la demanda máxima, contando además con un sistema único de gestión, en manos de Red Eléctrica, que ordena los flujos de la electricidad entre las diversas empresas, zonas geográficas y fuentes de energía.
Hay que reconocer que con tirones de la demanda de estas características, la previsión de demanda eléctrica se vuelve asunto altamente complejo, ya que una central eléctrica tarda entre 3 y 5 años en ponerse en marcha desde el inicio de los trámites de autorización. Las decisiones de inversión en el sector eléctrico, debido a las elevadas inversiones que requieren las plantas de generación, no son lo suficientemente flexibles como para reaccionar con prontitud a incrementos no esperados y tan fuertes de la demanda. Aún así, la potencia instalada excede de forma notable el nivel más elevado de demanda previsible.
Conviene, por lo tanto, distinguir – a la hora de enjuiciar la responsabilidad de los apagones y la forma de evitarlos en el futuro - entre los problemas de capacidad del sistema eléctrico y los problemas, de carácter puntual, que ocasiona la red de distribución de electricidad en sus diversos niveles, tanto en alta como en media y baja tensión..
Las inversiones realizadas en España en los últimos años por las compañías eléctricas han hecho énfasis (dejando de lado el tema de la diversificación empresarial, que ese es asunto de otra índole) más en el equipamiento de nuevas centrales de generación que en perfeccionar y actualizar las capacidades de las redes secundarias de distribución eléctrica. Es decir, en la fase de acercamiento de la electricidad al cliente final.
El pasado año, el consumo de electricidad aumentó un 6,3%, la producción lo hizo en torno al 7% y la longitud de la red de distribución creció en apenas un 1,5%, datos que dan una idea del desfase global que puede estar agrandándose debido a una insuficiente atención a las exigencias del suministro final de electricidad.
En todo caso, las inversiones en materia de distribución son responsabilidad indudablemente de las compañías eléctricas pero no en solitario. Comunidades Autónomas y Ayuntamientos también tienen su parte de culpa en esta insuficiente dotación de las redes últimas con las que la electricidad se acerca al usuario final. El sistema eléctrico español se parece desde hace tres años a un gigante cada vez más fuerte y capaz pero con los pies de barro. Es decir, un sistema con una fragilidad que obligará a las empresas a dedicar inversiones más cuantiosas a la distribución sin que ello vaya en detrimento ni de las inversiones en generación ni de las nuevas exigencias de inversión para adaptar las emisiones de las centrales eléctricas a los límites pactados tras el Protocolo de Kioto.